Tras ser aprobada en el Senado argentino la Ley de Bases impulsada por el actual gobierno, reproducimos la Carta publicada por la Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los DDHH.
Argentina transita días de gran pesadumbre por las nefastas consecuencias que implica la delegación de poderes a la actual gestión, la pérdida de soberanías en sus recursos naturales y culturales y el retroceso en los derechos consquistados por los feminismos y múltiples organismos de la sociedad civil que con gran dolor y superación supo sostener estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida.
La jornada del 12 de junio de 2024 será recordada por lo que sucedió dentro y fuera del Congreso. En las calles de todo el país la ciudadanía clamaba porque sus representates escucharan su desacuerdo y hubo fuerte represión con numerosas personas hospitalizadas y detenidas.
La violencia de género existe, oprime y mata
"Yo creía que él me pegaba porque yo era fea",
dijo suavemente una mujer en
uno de los grupos de autoayuda que organizaba Elena Tchalidy
en su
Fundación Alicia Moreau de Justo durante la década de los
90. Las integrantes
del grupo la rodearon, la abrazaron, le mostraron un espejo,
"sos hermosa" le
dijeron, además "feo" "lindo" no da
derecho a pegar. "Pegar -siguieron- es
abuso de poder, la violencia es delito".
Durante la transición democrática esa "práctica de
golpear y humillar",
naturalizada y tolerada por siglos, constituyó uno de los
desafíos centrales de
nuestras luchas; divulgábamos el conocimiento sobre el
circuito de la violencia
de género, que desestructura, vulnera la personalidad,
cosifica y paraliza a la
persona que la sufre, que por eso no puede escapar y por eso
el imaginario
social repite con indiferencia que "ella lo
acepta". El depredador la aisla de su
familia, de su entorno, de sus amigos, de sus afectos.
Desde esas décadas los feminismos militamos creando espacios
de
concienciación, y a favor de definir a la violencia de
género no como un mero
problema de índole privada, sino como una cuestión de orden
público que
exigía para su erradicación, la creación de organismos en el
Estado, a fin de
permear a la Justicia y extender las experiencias y luchas
al conjunto de las
mujeres de todas las provincias, convirtiéndola en una
política federal. Durante
todos los gobiernos hubo espacios gubernamentales, mejores,
peores, más
eficientes, menos, pero nunca se dudó en el reconocimiento
de la especificidad
de la violencia de género como estructural y en la
obligación del Estado
argentino de respetar los tratados internacionales, muy
especialmente la
"Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia
contra la mujer" aprobada por la ley 24632, conocida
como Convención de
Belem do Pará.
Inspirada en esa Convención se sancionó y promulgó en
nuestro país en el año
2009 la ley 26485, que comprometió al Estado a impulsar un
plan de políticas
públicas sobre las violencias, a realizarse con perspectiva
de género en todos
los organismos públicos, a crear un Observatorio para
investigar y registrar, a
articular con las provincias y a facilitar el acceso de las
mujeres a la justicia en
su búsqueda de protección. Dispositivos para medir las
violencias y
visibilizarlas como un fenómeno que produce daño físico -del
cual el femicidio
es su extremo- que arrasa la subjetividad de la persona,
sufrimiento que se
extiende a los niños quienes muchas veces quedan huérfanos o
culturizados en
los hábitos violentos.
Por eso, le decimos al gobierno nacional que el estallido
del Ni una Menos, no
fue ni es un "sesgo ideológico", fue una rebeldía
sin edad ni clase social ante el
asesinato el 3 de junio de 2015 de Chiara Páez, una joven de
14 años a manos
de su novio Manuel Mansilla, crimen que hizo salir a la
calle a miles de mujeres
para gritar "basta de matarnos".
Tampoco la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y
Diversidad (MMGyD)
es "un sesgo ideológico", es la posibilidad de
contribuir socialmente desde la
autoridad del Estado a hacer realidad un paradigma de
igualdad, sin
opresiones ni dominación. Es la experiencia social acumulada
por nuestro
movimiento y la demanda legítima e histórica de tener
herramientas de
prevención, protección y acompañamiento a través de los
sistemas de salud,
de educación y de desarrollo social provinciales y
municipales y dispositivos y
organismos especializados de todo el país.
Solo una política nacional, coordinada con los gobiernos
provinciales,
permanente y continuada en todos los niveles podría
proponerse modificar
estadísticas de extraordinaria crueldad. Según los datos
oficiales del Registro
Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte
Suprema de
Justicia, entre 2017 y 2023 hubo entre 226 y 260 víctimas de
femicidio al año.
En 2023 las víctimas ascendieron a 322 según el Observatorio
de la Defensoría
del Pueblo de la Nación, una muerte cada 27 horas y en los
primeros cinco
meses de 2024 se contabilizan ya 78 en diferentes
provincias. Los asesinatos
de personas transgénero y las mujeres lesbianas del barrio
de Barracas
constituyen un aumento estadístico imperdonable al compás de
discursos de
odio de manifiesto e irresponsable sesgo ideológico.
Por eso denunciamos que el avieso comunicado del gobierno
nacional,
constituye un ejemplo de información malintencionada,
plagado de falsedades.
Evidencia un brutal e inaceptable desconocimiento de que los
avances en los
derechos de las mujeres y diversidades, construyen una
sociedad más justa e
igualitaria.
Entre las políticas de Estado impulsadas por el ministerio
se generaron
Interministeriales y Consejos Federales para el cumplimiento
de los planes
integrales de prevención y de acompañamiento psicológico,
emocional y
jurídico de las víctimas, apoyo económico con un ingreso,
mínimo pero
significativo, para comenzar a abrir la puerta a la libertad
del círculo de la
violencia. Se crearon áreas específicas y las personas
afectadas constituyeron
prioridad en los programas sociales nacionales. Se lograron
políticas efectivas
de acceso a servicios de cuidado (infraestructuras de
centros comunitarios y de
acogida así como espacios de atención a lxs niñxs), de
acceso a la vivienda, al
empleo, a la salud, a la inclusión en la educación, la
promoción social y el
desarrollo económico, de capacitación para la participación
en proyectos
productivos que apoyaran la autonomía personal y económica y
se realizaron
progresos en los acuerdos con el Poder Judicial para
facilitar el acceso a la
justicia. Avances todos difundidos y articulados con las
provincias argentinas y
las organizaciones sociales en todo el territorio nacional.
Hoy todas estas políticas han sido abolidas y peligra la
continuidad del número
144 que recibe por año más de 140.000 denuncias y pedidos de
ayuda.
Todas las políticas mencionadas constituyen un ejemplo del
paradigma de
equidad desde el que fueron abordadas las violencias
contemplando la
complejidad y multidimensionalidad de la problemática,
acompañando a las
mujeres, aliviándolas cuando son víctimas, pero ayudándolas
a potenciar sus
capacidades para la autonomía e independencia.
No es cierto que esta obstinada intención de
desinstitucionalizar la
problemática pretenda eficientizar al Estado, quiere
destruirlo y así lo ha
declarado el Presidente. Un Ministerio ineficiente o
prebendario podría
corregirse, mejorarse. Su eliminación solo confirma que se
está abandonando a
su sufrimiento a miles de mujeres y diversidades,
desconociendo las
obligaciones como Estado y mintiéndole a la sociedad.
Negar la problemática o considerar a la violencia de género
solo desde una
perspectiva de seguridad no resolverá el tema y condenará a
miles de mujeres
a la soledad, el dolor y en muchísimos casos a la muerte.
Los libertarios de la "Libertad carajo" están
convirtiendo a la vida en cárceles
de sufrimiento, miseria y opresión.
Este llamado de la Colectiva Feminista Federal a las mujeres
argentinas quiere
hacer masiva la denuncia y el rechazo a las medidas de
devastación de
nuestros ámbitos institucionales de protección y promoción.
Y a través de las
redes que hemos sabido urdir, convocarnos a restablecer
vínculos para llenar
el vacío que está dejando el Estado, con la solidaridad y la
capacidad de
asistirnos y sostenernos que caracteriza nuestra práctica y
la voluntad política
y la ética humanista que nos trajo hasta aquí.
El 12 de junio decimos presente en la calle contra la Ley de
Bases.
Decimos presente en contra del hambre, la violencia y la
destrucción
del Estado.
La violencia de género existe, oprime y mata
Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos
Humanos
Azuri, Flavia; Barrancos, Dora; Blanco, Patricia; Boria,
Adriana; Brugo, Nina;
Busaniche, Mabel; Campagnoli, Mabel Alicia; Cuadro,
Victoria; Corbalán,
Silvia; Costa Wegsman, Malena; Córdoba, Carolina; Chiarotti,
Susana; Diz,
Tania; Dominguez, Alejandra; Ercoli, Cristina; Falú, Ana;
Fernández, Ana María;
Fernández, Micaela; Franganillo, Virginia; Gabarra, Mabel; Gamba,
Susana;
Gebennini, Dinora; Gil Lozano, Fernanda; Giri, Beatriz;
Gonzalez, Ana; Goren,
Nora; Hendel, Liliana; Laudano, Claudia; Leciñana Blanchard,
Mayra; Lubertino,
María José; Maffia, Diana; Maldonado Z., Aída; Marino,
Juliana; Mendia, Ana;
Minyersky, Nelly; Naddeo, María Elena; Oller, Lucrecia;
Palero, Pate; Pastoriza,
Lila; Perceval, Marita; Ramos, Gabriela; Roberto, María de
los Ángeles;
Rodigou, Maite; Román, Sandra; Rotondi, Gabriela; Rosenberg,
Martha; Rueda,
Alba; Sanchís, Norma; Sanz, Susana; Spila, Adriana; Vaghi,
Adriana; Yornet, Sol.
