Diputados comenzó el debate por la baja de
la edad de punibilidad, ley que permite imputar a las personas a partir de los
13 años.
Bajar
la edad de punibilidad significa un claro retroceso, que violenta los progresivos
avances, nacionales e internacionales de derechos humanos, haciendo ingresar a
niños, niñas y adolescentes en la órbita de la punición, lo cual debería ser la
última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito.
En ese contexto, la Colectiva Feminista Federal por la
Democracia y los Derechos Humanos rechazó, semanas atrás, el proyecto de ley presentado por
el gobierno nacional y todos aquellos que centran el enfoque de seguridad en la
baja de edad de punibilidad a los 13 o 14 años de edad.
Las estadísticas una y otra vez reiteradas por UNICEF y la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación muestran que la incidencia de adolescentes en
delitos gravísimos es mínima, casi inexistente.
El Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes basado en la Convención de los derechos del niño de
1989, con rango constitucional desde 1994, y la ley 26.061 del año 2005 exige
al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de
los derechos que les
competen por su particular situación de ser personas en desarrollo y obliga a
adoptar medidas de protección integral y excepcionales cuando su situación de
vulnerabilidad así lo requiera.
"Creemos que la baja de edad de punibilidad en medida alguna
puede traer aparejada el pleno acceso a sus derechos, de manera que, con
esta medida el Estado estaría incumpliendo las obligaciones que le son
inherentes", declaran en el documento publicado.
Mientras que los medios de comunicación presentan la figura de adolescente
que delinque como el gran generador de la inseguridad
ciudadana, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia demuestran que, por
ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires los hechos gravísimos, como los
homicidios, son cometidos sólo en un 5% por menores de edad, y sólo en el 1%
por menores no punibles.
El aumento de recursos públicos debería orientarse al
aseguramiento de condiciones de vida digna para niños, niñas y adolescentes,
tal como lo ha señalado sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Por el contrario, el Gobierno nacional niega a los comedores y
merenderos de los barrios populares los alimentos necesarios para el sustento
cotidiano, desmantela programas sociales de inclusión de la ex Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y se propone
aumentar el régimen penal e invertir en más cárceles y fuerzas de seguridad.
La baja de edad
de punibilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y
solo servirá para profundizar el estigma y la violencia estatal y social hacia
la niñez y adolescencia. Juzgar y encerrar a niños/as y adolescentes no
resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito.
En su pronunciamiento dice no a la baja de edad y exige al Estado el diseño e
implementación de políticas públicas en torno a la problemática, en consonancia
con las exigencias del sistema normativo internacional.
“Más escuelas y políticas de inclusión para las infancias y adolescencias, menos cárceles y represión”, concluyen.
