CAMPAÑA POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. Propuesta al calor del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en 2003, aprobada en el ENM de Mendoza y nacida en el mes de mayo de 2005 en Córdoba, la Campaña cumplió con su objetivo principal: lograr la sanción de la ley 27610 que legalizó el aborto en nuestro país. Los fundamentos de la Campaña fueron y son actualmente: la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los DDHH, el derecho a la salud integral y a una sexualidad plena, a decidir sobre la capacidad reproductiva sin limitaciones, a la autonomía y la libertad y la consideración del aborto legal como una causa justa porque fortalece la democracia y la justicia social. Una de las exigencias de la Campaña es, desde su creación, la plena vigencia de un Estado Laico, que respete la libre decisión, el pluralismo y la libertad religiosa. Riesgos de un futuro gobierno de ultra derecha.
El 30 de diciembre del 2020 se aprueba en el congreso la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Regula el acceso legal al aborto a las mujeres y toda persona con capacidad de gestar y la atención postaborto desde una perspectiva de salud pública hasta la semana 14 inclusive. En la ley también se establece el derecho de toda persona con capacidad de gestar a prevenir sus embarazos mediante el acceso a métodos anticonceptivos y especialmente a recibir desde su niñez Educación Sexual Integral.
En los casos que el embarazo sea producto de una violación y/o estuviera en peligro la vida de la persona gestante, ésta puede acceder al derecho a abortar sin plazos.
Asimismo, la ley 27.610 enuncia las condiciones de la atención de salud teniendo en cuenta: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la información de calidad. El consentimiento informado también es un elemento indispensable que, según la ley, debe realizarse por escrito previo a la realización de la IVE.
Una vez logrado el objetivo de tener una ley que legaliza la práctica, la Campaña decidió por amplia mayoría en la plenaria posterior, que debía continuar, con una finalidad que todavía hoy estamos lejos de conseguir. No se ha logrado, después de casi tres años de vigencia el efectivo cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional, esto implica que no todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que habitan nuestro país puedan acceder a los derechos establecidos en la ley 27.610.
En muchos lugares no pueden acceder a los servicios de atención debido a la falta de cumplimiento de la ley por parte de los gobiernos provinciales, pero lo más preocupante es la falta de conocimiento de su contenido por parte de quienes necesitan de ella, especialmente cuando se presentan obstáculos por profesionales de la salud, que mediante excusas de todo tipo demoran su implementación. Hay provincias que se resisten a aplicar la ley, y en ellas las personas que se encuentran en una situación de embarazo no deseado tampoco saben que pueden hacerlo sin problemas. Además, los gobiernos provinciales están obligados a proporcionar los servicios de salud adecuados, los métodos anticonceptivos y todo lo necesario para que la práctica del aborto se realice en las mejores condiciones y sin sufrimiento innecesario.
Las integrantes de la Campaña de cada provincia son requeridas para ayudar a cumplir con la ley cuando no encuentran en el personal de salud la respuesta que la ley establece como obligatoria en todo el territorio nacional.
En general, se encuentran en un estado de angustia comprensible en una persona que ha decidido abortar, que la ley la ampara, pero por cuestiones ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier tipo se encuentra situación de desamparo frente a un embarazo no deseado.
Hay organizaciones importantes en Argentina que muestran los datos recabados en el cumplimiento de la ley a nivel nacional y publican informes anuales que dan cuenta del cumplimiento irregular en los distintos territorios, por ejemplo, el proyecto “Mirando el aborto en Argentina”, un sistema de monitoreo y una herramienta de información ciudadana para hacer un seguimiento de lo que sucede con la implementación del acceso a la ley 27610 en nuestro país. Es una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) E Ibis Reproductive Health, organización internacional que trabaja por la autonomía y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Se publicaron ya dos Reportes, Años 2021 y 2022.
Se han sucedido varios hechos en estos últimos años que alertan acerca de la vulnerabilidad de nuestros derechos frente a la avanzada de gobiernos de derecha y extrema derecha en el mundo, quienes consideran que los feminismos y las diversidades son sus enemigos y por tanto los derechos conseguidos deben ser eliminados en el caso de acceder al poder.
Siempre hemos afirmado que las mujeres no tienen nunca derechos adquiridos, ahora debemos agregar que tampoco los tienen las diversidades y disidencias sexuales. Las ultraderechas, en el mundo entero y en Argentina también están decididos a derogar y cambiar todas las normas que tiendan a asegurar la libertad de decisión y la autonomía sexual y reproductiva.
Desde la vigencia de la ley 27.610 se han iniciado demandas judiciales en su contra, alegando su inconstitucionalidad, sin embargo, su texto está basado en todos los instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adherido y en todos los lineamientos que nuestra Constitución establece. Es por esta razón que, hasta la fecha, todos los reclamos judiciales han sido rechazados.
En tanto integrante de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional Rosario, hemos verificado que aun en nuestra ciudad, pionera en la militancia y en el reconocimiento de nuestros derechos, en la actualidad se verifican algunos incumplimientos que constituyen violaciones u omisiones de los efectores de salud,
Según entrevistas realizadas en el curso de este año por compañeras de la Regional Rosario de la Campaña a personal de los centros de salud se detecta que si bien la práctica se viene realizando con normalidad no hay profesionales suficientes para atender ya que cuando una profesional formada es trasladada a otro efector no es reemplazada, esto disminuye la posibilidad de una atención inmediata que la práctica requiere.
Consideramos de suma importancia analizar que nuestro país, donde se está viviendo un proceso electoral que culminara seguramente en octubre o noviembre, en la primera vuelta electoral el candidato más votado ha sido justamente quien se manifestó en contra de la ley del aborto y los derechos sexuales y reproductivos, y una de sus propuestas es llamar a un plebiscito para que la ciudadanía decida, lo cual es jurídicamente imposible. Y no solo pretende derogar la ley sino también terminar con la Educación Sexual Integral, los derechos conquistados por todas las disidencias sexo genéricas y suprimir las instancias gubernamentales que se crearon justamente para avanzar en el cumplimiento de esos derechos entre las cuales se encuentra el Ministerio de Genero y Diversidades, instancia que reemplazo al Consejo Nacional de las mujeres, dando mayor relevancia institucional a la temática. Lo más preocupante es que la mayoría de quienes han votado este candidato son varones, jóvenes, de todos los sectores sociales. Las mujeres no se sienten igualmente convocadas, especialmente por la candidata a vicepresidenta que es antiabortista y negacionista de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar de 1976/83.
La Campaña ha realizado dos plenarias, después de la cuarentena, será en diciembre de 2023 la tercera, en donde se planificarán las tareas que se llevarán adelante durante el curso del año próximo.
En nuestra última plenaria realizada el 3 y 4 de diciembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, decidimos continuar con la Campaña por la plena aplicación en todo el país de la ley 27610 y ahora, más que nunca, ante la posibilidad de un gobierno de ultra derecha seguiremos en Campaña por la plena implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de nuestro triple lema en todo el país. Como actoras políticas nos planteamos la defensa del derecho al aborto legal y voluntario, el acceso gratuito a métodos de anticoncepción y la Educación Sexual Integral (ESI)., asimismo afirmamos que el Estado argentino debe ser laico y no estar sujeto a las reglas y deberes de ninguna religión.
De la plenaria participaron compañeras y compañeres de 25 regionales de todo el país, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, de la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto y de Socorristas en Red Feministas y Transfeministas que Abortamos, todas también conforman esta Campaña federal, democrática, feminista, intergeneracional, intersectorial, autónoma, horizontal y autogestiva.
Nuestros objetivos para el año 2023 fueron establecidas en la última plenaria:
● Urgente producción nacional de mifepristona.
● Presupuesto para garantizar abortos transfeministas y de calidad.
● Capacitación en AMEU y su implementación en todos los niveles de atención.
● Capacitación en técnicas seguras y de calidad para interrupciones en segundo trimestre.
● Anticonceptivos en todos los efectores de salud.
● Terminar con la obstaculización e incumplimiento de la ley por parte de las obras sociales y prepagas.
● Plena implementación de la ESI en todos los niveles educativos, con la incorporación de los contenidos del aborto como derecho, con perspectiva intercultural, interseccional y de discapacidad.
● Nuestro lema seguirá siendo: Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para decidir y Vigencia plena de un Estado laico.
No pasaran quienes quieran quitarnos lo logrado en cuarenta años de lucha en democracia!
Mabel Gabarra